Las juntas administradoras de agua en Honduras son organizaciones comunitarias sin fines de lucro que operan y cobran el agua en aldeas y caseríos. Su tarifa la aprueba la Asamblea de Usuarios, la personalidad jurídica la otorga gratis la Secretaría de Gobernación y las supervisa el ERSAPS, que en 2018 contaba más de 7,000.
En buena parte del campo hondureño no hay SANAA, ni alcaldía que llegue con tubería, ni concesionaria: el agua llega porque un grupo de vecinos construyó la captación, tendió la línea y se organizó para cuidarla. Esa organización es la junta de agua, y su peso es enorme. El Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS) contaba en 2018 más de 7,000 juntas comunitarias frente a unos 69 prestadores urbanos. Sin embargo, muchos abonados no saben quién aprueba la cuota que pagan, a quién reclamar si el agua sale turbia o qué papeles necesita una junta nueva para recibir apoyo del Estado. Esta guía lo explica con base en la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento (Decreto 118-2003) y en el Reglamento de Juntas Administradoras de Agua que publica el ERSAPS.
Qué es una junta de agua y de quién es el sistema
La ley reparte los papeles de una forma que a primera vista parece contradictoria, pero no lo es. La municipalidad es la titular del servicio en su término, y esa titularidad «es permanente e intransferible» (artículo 16 de la Ley Marco). La junta es quien lo presta: las organizaciones comunitarias tienen preferencia para recibir la autorización municipal de operar el servicio (artículo 17). Y el sistema, es decir, los tanques, la tubería y la captación, pertenece a la comunidad: en los sistemas que administran las juntas, «la propiedad de dichos sistemas corresponde a las comunidades respectivas» (artículo 51).
El Reglamento General de la Ley Marco define la junta como la organización social propietaria del sistema, con un número determinado de abonados, que lo opera y mantiene sin fines de lucro. Por eso sus ingresos solo pueden invertirse en el servicio, y el Reglamento de Juntas prohíbe de forma expresa usar sus fondos para financiar actividades o campañas políticas (artículo 67).
Cómo se organiza una junta por dentro
Cada junta funciona con tres órganos:
- La Asamblea de Usuarios, que es la máxima autoridad. Elige a la directiva, aprueba las tarifas, las multas y los derechos de conexión, aprueba el presupuesto y revisa los estados financieros.
- La Junta Directiva, con siete cargos: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, fiscal y dos vocales. Sus miembros sirven dos años, sin sueldo, y deben ser usuarios al día con sus pagos, residentes de la comunidad y saber leer y escribir.
- Los comités de apoyo: el de operación y mantenimiento, que supervisa al fontanero y la desinfección; el de saneamiento y educación de usuarios, y el de microcuenca, que se ocupa de reforestar y proteger la zona de captación.
El reparto de funciones tiene consecuencias prácticas. El presidente firma los contratos y autoriza las conexiones; el tesorero lleva el registro de usuarios, factura y ordena al fontanero las conexiones y los cortes; el fiscal vigila las cuentas y es quien inicia el cobro judicial a los morosos. El alcalde auxiliar de la comunidad forma parte de la directiva con voz, pero sin voto.
Cómo se legaliza una junta de agua
La pregunta más frecuente de quien forma una junta nueva es si la personería la da la alcaldía. No: según el artículo 18 de la Ley Marco, la personalidad jurídica la otorga la Secretaría de Gobernación, previo dictamen de la corporación municipal que constata su legalidad, y tanto el otorgamiento como la publicación en La Gaceta son gratuitos. Sin personalidad jurídica, la junta no puede recibir asistencia técnica ni financiera del Estado.
El camino habitual tiene tres etapas:
- Personalidad jurídica. El formato de requisitos del ERSAPS pide, entre otros documentos, la certificación de la alcaldía que autoriza la inscripción de la junta directiva, copia del DNI de los siete directivos, los estatutos en formato digital, la certificación del acta de constitución y la de la asamblea que faculta al presidente, una carta poder, dos auténticas del Colegio de Abogados, dos timbres de L. 5 del Colegio y un timbre de contratación de L. 10. Esos timbres y auténticas son costos del expediente; la personalidad en sí no se cobra.
- Inscripción de la junta directiva en el ERSAPS. Se presenta la certificación del punto de acta de la elección, la copia de la personalidad jurídica, los DNI de los miembros, la lista de asistencia y la convocatoria de la asamblea, y la constancia de que la junta está inscrita en la alcaldía. Si la junta necesita una constancia de inscripción, la guía oficial del ERSAPS indica que cuesta L. 200, pagados con recibo TGR-1 (institución 61, rubro 12121), que se genera en el sistema TGR-1 de Finanzas. Los originales se entregan en persona en la oficina del ERSAPS.
- Informe anual. Cada junta debe informar al ERSAPS sobre el año fiscal anterior antes del 30 de abril, por formulario electrónico o de forma presencial, con los estados financieros firmados por un perito mercantil, el comprobante del análisis de calidad del agua, un informe de actividades y la constancia de la cuenta bancaria. Para dudas, el ERSAPS atiende a las juntas en el 2242-8580 y en el correo jaa@ersaps.hn.
Un detalle que retrasa muchos expedientes: el ERSAPS no emite constancia si el expediente de la junta está incompleto o desactualizado, así que conviene entregar cada informe anual a tiempo aunque no se necesite ningún papel ese año.
Cómo se calcula la cuota de agua de una junta
La tarifa no la fija el alcalde ni el ERSAPS. El artículo 38 de la Ley Marco establece que las tarifas las aprueban las municipalidades y las juntas, aplicando la normativa del ente regulador, y el Reglamento de Juntas precisa que, en una junta, la aprueba la Asamblea de Usuarios a propuesta de la directiva (artículos 11 y 46). La municipalidad, el SANAA y el ERSAPS asesoran, pero no deciden.
El método oficial para una junta sin medidores es sencillo: se suman los costos de operación y mantenimiento y los de administración, se dividen entre los usuarios y se obtiene la «tarifa media» (artículos 49, 52 a 54 del Reglamento). A eso se le añade un porcentaje para proteger la microcuenca y una previsión para el fondo de reserva. La tarifa debe estar vigente por lo menos un año, y la junta no puede cobrar un saneamiento que no presta.
Ejemplo: la cuota de una aldea con 200 abonados
Supongamos una junta de una aldea de Intibucá con 200 abonados y sin medidores. Cada mes paga L. 6,000 al fontanero, L. 1,200 de cloro y L. 800 en repuestos, y gasta L. 1,000 en papelería, banco y la parte proporcional del perito mercantil.
- Operación y mantenimiento: 6,000 + 1,200 + 800 = L. 8,000, que entre 200 abonados son L. 40 por usuario al mes.
- Administración: 1,000 ÷ 200 = L. 5.
- Tarifa media: 40 + 5 = L. 45.
- Microcuenca: la asamblea aprueba un 10 % de la tarifa media, es decir, L. 4.50.
- Fondo de reserva: L. 1,500 al mes ÷ 200 = L. 7.50.
La cuota domiciliaria queda en 45 + 4.50 + 7.50 = L. 57 al mes. Una familia que se abastece de una llave pública pagaría la mitad, L. 28.50, como prevé el artículo 60. Como referencia, el último informe de indicadores del ERSAPS, con datos de 2022, calculó una tarifa promedio ponderada de L. 72 al mes entre las juntas que informaron, y solo el 15 % tenía micromedidores.
Si en esa aldea cada familia aportó L. 3,000 a la construcción del sistema, un vecino que no participó y quiere conectarse debe pagar al menos el doble, L. 6,000 (artículo 59). El procedimiento completo de una conexión está en la guía sobre la solicitud de conexión nueva de agua.
Derechos y deberes de los abonados
El abonado tiene derecho a firmar un contrato con la junta, a recibir el servicio, a que le avisen de las interrupciones y de los cambios de tarifa, a que atiendan sus reclamos y a participar en la asamblea y ser candidato a la directiva (artículo 37 del Reglamento). Si denuncia un problema de calidad, la junta debe investigarlo «el mismo día en que reciba la denuncia y en forma gratuita» (artículo 30). También puede pedir su estado de cuenta y, en casos excepcionales, la junta puede aceptar pagos en mano de obra para el mantenimiento del sistema (artículo 65).
Los deberes son igual de concretos. La factura se paga dentro de los diez primeros días del mes siguiente, y quien debe dos meses queda en mora (artículo 38). Con dos facturas consecutivas sin pagar, la junta puede suspender el servicio. Está prohibido vender agua, extender la conexión a terceros o regar y llenar piscinas sin autorización; la reconexión por cuenta propia de un servicio cortado es una infracción grave, y la conexión clandestina, muy grave. Antes de sancionar, la junta debe dar audiencia al usuario. Qué ocurre después de un corte se explica en la guía sobre corte y reconexión de agua.
Quién supervisa a las juntas
| Institución | Qué hace respecto de las juntas |
|---|---|
| ERSAPS | Regula y supervisa, lleva el registro de prestadores, recibe el informe anual, resuelve reclamos en última instancia y puede multar |
| Municipalidad | Titular del servicio; dictamina la legalidad de la junta, puede auditar sus estados financieros y crea la Unidad de Supervisión y Control Local (USCL) |
| USCL y técnico de regulación (TRC) | Vigilan en el municipio que la junta cumpla las condiciones del servicio y reciben las apelaciones de los usuarios |
| SANAA | Ente técnico de apoyo: promueve juntas nuevas, apoya el trámite de personalidad jurídica y da asistencia en diseño y operación |
| Secretaría de Salud | Control sanitario y norma de calidad del agua |
| CONASA | Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento, donde las juntas tienen un representante |
Las multas que el ERSAPS puede imponer a una junta van de L. 1,000 a L. 50,000 (artículo 45 de la Ley Marco), por faltas como interrumpir el servicio sin justificación, incumplir las normas de calidad o el régimen tarifario, o negar información a los usuarios.
Las juntas también pueden asociarse entre sí (artículo 19). En muchos municipios existen asociaciones de juntas que dan capacitación y apoyo técnico, y a escala nacional existe la Asociación Hondureña de Juntas Administradoras de Sistemas de Agua (AHJASA).
Qué hacer si tiene un problema con su junta
La ruta de reclamo está escalonada y conviene seguirla en orden, dejando constancia por escrito de cada paso:
- Presente el reclamo, verbal o escrito, en la oficina de atención de la junta. La junta debe registrarlo con su fecha y su respuesta, y quien tenga interés legítimo puede consultar ese registro.
- Si la junta lo niega o no responde, apele ante la USCL de su municipio o, donde no exista, ante el supervisor municipal del servicio (artículo 41).
- Si la USCL tampoco lo resuelve, acuda al ERSAPS (artículo 42), que tiene formato de reclamo en su biblioteca de normativa y formatos.
El Reglamento de Juntas no fija un plazo de respuesta. El reglamento de reclamos del ERSAPS da 15 días hábiles a los prestadores, pero pregunte en la USCL si su junta lo aplica. Si el problema es una fuga en la calle y no un cobro, la guía para denunciar una fuga de agua indica a quién avisar.
Preguntas frecuentes
¿La junta de agua me puede cortar el servicio?
Sí, si debe dos facturas consecutivas. El Reglamento de Juntas Administradoras de Agua permite suspender el servicio a los usuarios morosos y cobrar el recargo y la reconexión que haya aprobado la asamblea en su resolución anual. Antes de aplicar una sanción, la junta debe citarlo para que presente su descargo. El estado de cuenta certificado por la junta sirve como título ejecutivo para cobrar la deuda judicialmente.
¿Quién aprueba la tarifa de una junta de agua?
La Asamblea de Usuarios, a propuesta de la junta directiva. La municipalidad, el SANAA y el ERSAPS pueden asesorar sobre el cálculo, pero no la fijan. Si cree que la cuota no corresponde a los costos reales del sistema, pida en la asamblea el detalle del cálculo y los estados financieros, que la directiva debe presentar cada año.
¿Cuánto cuesta sacar la personería jurídica de una junta de agua?
La personalidad jurídica y su publicación en La Gaceta son gratuitas por ley. El expediente sí tiene costos menores: auténticas del Colegio de Abogados, dos timbres de L. 5 y uno de L. 10, según el formato del ERSAPS. Después, la constancia de inscripción de la directiva en el ERSAPS cuesta L. 200 con recibo TGR-1, solo si la junta la necesita.
¿Puedo ser parte de la directiva si estoy atrasado en los pagos?
No. Para ser electo hay que ser hondureño en pleno goce de sus derechos, residente de la comunidad, usuario del sistema, estar al día con los pagos, saber leer y escribir y estar presente en la asamblea de elección. El mandato dura dos años y los cargos no se pagan.
¿Qué pasa si la junta no rinde cuentas?
Los abonados pueden exigir en la asamblea el informe anual y los estados financieros, y presentar la queja ante la USCL. La municipalidad puede auditar las cuentas de la junta, y el ERSAPS puede sancionarla por negar información a los usuarios. Si sospecha un uso indebido de los fondos, deje constancia escrita de cada petición.
Las juntas son una pieza del sistema de agua del país, que se describe completo en la sección de servicios públicos. Si su servicio no lo presta una junta sino el SANAA, consulte la guía de la factura del SANAA.