El femicidio en Honduras está tipificado en el artículo 208 del Código Penal y, desde la reforma del Decreto 111-2026, se castiga con 25 a 30 años de prisión, y con 30 a 40 años en su forma agravada. Se denuncia ante la Policía Nacional (911) o el Ministerio Público, también de forma anónima.
En 2025 murieron de forma violenta 262 mujeres en Honduras, según el dato preliminar del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), frente a 240 el año anterior. Detrás de cada cifra hay una familia que, además del duelo, tiene que entender cómo funciona un proceso penal que casi nunca ha pisado. Esta guía está pensada para ellas y para quien conoce una situación de riesgo: qué castiga exactamente la ley, qué cambió en junio de 2026, a quién acudir y qué derechos tienen los familiares dentro del juicio.

Qué es el femicidio según el Código Penal hondureño
El Código Penal vigente (Decreto 130-2017, en vigor desde junio de 2020) dedica su título de «Violencia contra la mujer» a tres artículos. El 208 define el femicidio como el acto del hombre que mata a una mujer «en el marco de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres basadas en el género». No basta, por tanto, con que la víctima sea mujer: la acusación tiene que demostrar ese contexto de dominio o discriminación. Cuando no se prueba, el caso se juzga como homicidio o asesinato.
El artículo 210 explica qué se entiende por esas relaciones desiguales: la muerte aparece como una manifestación de discriminación hacia la mujer por el hecho de serlo, haya o no una relación previa con el agresor y ocurra en un espacio público o privado. La reforma de 2026 añadió una lista abierta de indicadores que los fiscales pueden usar como prueba:
- antecedentes de control sobre los movimientos, las amistades, la ropa, el dinero o las decisiones reproductivas de la víctima;
- humillaciones y violencia simbólica;
- celotipia o negativa a aceptar una ruptura, como si la mujer fuera una propiedad;
- ciclos de violencia previos, aunque nunca se hayan denunciado;
- aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad: dependencia económica, una relación de jefe y subordinada o de maestro y alumna, discapacidad, situación migratoria, edad o pertenencia a un pueblo indígena o afrodescendiente.
El mismo artículo 208 aplica las penas del femicidio a quien mate a una persona que salió en defensa de la víctima. Y deja claro que el femicidio se castiga sin perjuicio de otros delitos cometidos contra la mujer, como los sexuales, la trata o la privación de libertad, que se suman al juicio.
Penas del femicidio en Honduras tras la reforma de 2026
El Decreto 111-2026, aprobado por el Congreso Nacional en junio y publicado en La Gaceta con fecha 30 de junio de 2026, endureció las penas que el Código de 2019 había rebajado. Rige desde su publicación y solo se aplica a hechos ocurridos a partir de entonces: un crimen cometido antes se juzga con la escala anterior, por el principio de irretroactividad de la ley penal más severa.
| Figura | Código Penal de 2019 (hasta junio de 2026) | Con el Decreto 111-2026 |
|---|---|---|
| Femicidio | 20 a 25 años de prisión | 25 a 30 años de prisión |
| Femicidio agravado | 25 a 30 años de prisión | 30 a 40 años de prisión |
| Agravado con violencia sexual, tortura o privación de libertad previa, o cometido por un agente del Estado | Sin aumento específico | La pena se incrementa en un cuarto |
| Tope de cumplimiento si se acumulan varios delitos contra la vida por violencia de género | Sin regla especial | 60 años (artículo 66) |
Conviene aclarar una confusión que circuló en varios medios tras la aprobación: los 60 años no son la pena del femicidio agravado, sino el máximo que una persona puede llegar a cumplir cuando se suman condenas por varios delitos contra la vida en contexto de violencia de género. La propuesta de prisión perpetua que se discutió antes del debate tampoco quedó en el texto aprobado.
Como antecedente, el femicidio entró al Código Penal anterior en 2013 con penas de 30 a 40 años. El Código de 2019 las bajó y la reforma de 2026 devolvió el agravado a ese rango.
Las 9 circunstancias que convierten el delito en femicidio agravado
La pena de 30 a 40 años se impone cuando concurre al menos una de estas circunstancias, enumeradas en el propio artículo 208:
- cualquiera de las circunstancias que convierten un homicidio en asesinato;
- que el autor sea o haya sido cónyuge o pareja estable de la víctima, o su ascendiente, descendiente o hermano, o los de su cónyuge o conviviente;
- que antes del crimen hubiera un ataque contra la libertad sexual de la víctima, tortura, privación de libertad u ocultamiento de un delito sexual;
- que lo cometa un grupo delictivo organizado o se produzca en ese contexto;
- que la víctima fuera trabajadora sexual;
- que la víctima lo fuera también de trata, esclavitud o servidumbre;
- que se causen lesiones o mutilaciones a la mujer o a su cadáver relacionadas con su condición de mujer;
- que el cuerpo se exponga o exhiba en un lugar público;
- que el autor sea agente del Estado, o actúe con su apoyo o tolerancia, y se valga de su cargo, su arma de reglamento, su uniforme o su autoridad. Esta circunstancia es nueva de 2026.
Los numerales 3 y 9 tienen un peso adicional: si concurren, la pena aumenta en un cuarto. Sobre la escala del agravado, el cálculo orientativo es este: 30 años × 1.25 = 37 años y 6 meses como mínimo, y 40 años × 1.25 = 50 años como máximo. La cifra exacta la fija el tribunal según las pruebas y las demás circunstancias del caso.
Además de la prisión, el artículo 210 obliga al tribunal a imponer una o varias de las prohibiciones accesorias del artículo 51 del Código, por un plazo de hasta 10 años cuando el delito es grave.
Cómo denunciar un femicidio o una situación de riesgo
El Código Procesal Penal (Decreto 9-99-E) permite denunciar ante la Policía Nacional o ante el Ministerio Público (artículo 267), de palabra o por escrito, y cualquier persona que conozca el hecho puede hacerlo, aunque no sea familiar. Estos son los canales que conviene tener a mano:
| Canal | Cuándo usarlo | Contacto |
|---|---|---|
| Sistema Nacional de Emergencias | Peligro inmediato o un hecho que está ocurriendo | 911, gratuito, 24 horas |
| Línea «Mujer Vivir sin Miedo» | Orientación y auxilio a mujeres en riesgo de violencia | 114, gratuita, 24 horas (Policía Nacional y SEMUJER) |
| ATIC, unidad de muertes violentas de mujeres y femicidios | Aportar información, también de forma anónima | WhatsApp 3145-0000 o atic.homicidios.info@gmail.com |
| Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-MUJER) | Violencia de género previa, amenazas, tentativas | Edificio Lomas Plaza II, Lomas del Guijarro, Tegucigalpa, o la fiscalía local |
| Ciudad Mujer | Atención integral y acompañamiento a la víctima o a sus familiares | 6 centros: Tegucigalpa, Choloma, San Pedro Sula, La Ceiba, Juticalpa y Choluteca |
Dentro del Ministerio Público el reparto de trabajo es el siguiente: la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) investiga las muertes violentas de mujeres y la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida acusa ante el tribunal (en Tegucigalpa, a través de su Sección en Muerte de Mujeres; en el resto del país, por la fiscalía regional o local). La FEP-MUJER interviene sobre todo antes del desenlace, cuando hay violencia doméstica o de género que denunciar. El procedimiento general para presentar una denuncia en una fiscalía está explicado en la guía sobre cómo denunciar en el Ministerio Público.
La campaña «Rompe el silencio, hagamos justicia», lanzada por el MP en abril de 2026, explica en su nota oficial que los mensajes al WhatsApp de la ATIC no exigen identificarse. Para quien vive cerca del agresor, es la vía más segura de aportar datos.
¿Qué derechos tiene la familia de la víctima en el proceso?
Cuando el delito causa la muerte, la ley considera víctimas al cónyuge o compañero de vida, a los hijos, a los padres, a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y a los herederos (artículo 17 del Código Procesal Penal). Eso les da un papel activo, no solo el de testigos.
- Constituirse en acusadores privados, con un abogado colegiado, y sumarse a la acusación del Ministerio Público. Si no tienen medios para pagarlo, el MP les debe prestar asistencia (artículos 16 y 96).
- Pedir al fiscal diligencias concretas, como una pericia o la declaración de un testigo. El MP resuelve en 24 horas y, si la niega, decide un juez en 48 (artículo 97).
- Ser informados del avance del caso, ser escuchados antes de cualquier resolución que lo cierre o suspenda y objetar ante el superior del fiscal un archivo que consideren indebido.
- Reclamar la responsabilidad civil por los daños. La Procuraduría General de la República puede ejercerla en nombre de quien no pueda demandar por razones económicas (artículos 49 y 51).
Supongamos que la hermana de una joven asesinada en Danlí sospecha que la policía no ha recogido el testimonio de una vecina que oyó las amenazas de la expareja. Como víctima indirecta, puede pedir por escrito al fiscal que cite a esa vecina. Si en 24 horas no hay respuesta favorable, puede acudir al juez. Ese testimonio, además, encaja en uno de los indicadores nuevos del artículo 210: los ciclos de violencia previos, aunque nadie los hubiera denunciado.
Lo que dicen las cifras sobre la impunidad
Los considerandos del Decreto 111-2026 recogen los datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH para 2024: 240 muertes violentas de mujeres, una cada 36 horas y media; en el 65 % se usó un arma de fuego, el 23.1 % fueron femicidios íntimos (a manos de la pareja o expareja) y el 36.1 % estuvieron vinculados a la delincuencia organizada. En 2026, hasta septiembre, se contaban ya más de 180 mujeres muertas de forma violenta, según datos oficiales y del propio Observatorio.
La cifra que más pesa es otra: más del 95 % de estos casos queda sin sentencia, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y el Observatorio de la UNAH. Hay que leer estas estadísticas con cuidado, porque cuentan muertes violentas de mujeres, no condenas por femicidio probado. Por eso la participación de la familia y la denuncia temprana de la violencia previa marcan tanta diferencia.
¿Qué pasa si…?
…el crimen ocurrió antes de que entrara en vigor la reforma, a finales de junio de 2026. Se juzga con las penas anteriores: 20 a 25 años el femicidio y 25 a 30 el agravado. La reforma no se aplica hacia atrás.
…la fiscalía archiva el caso o lo califica como homicidio. La familia puede objetar el archivo ante el superior del fiscal y, como acusadora privada, aportar pruebas del contexto de dominio que exige el artículo 208.
…las autoridades no actúan. Además de insistir en la fiscalía, cabe presentar una queja ante el CONADEH, que vigila la actuación de las instituciones públicas.
…la víctima sigue viva, pero hay amenazas de muerte. No hay que esperar: la Ley contra la Violencia Doméstica permite dictar medidas de seguridad con la sola denuncia, y la Secretaría de la Mujer (SEMUJER) coordina las casas refugio para mujeres en riesgo. El trámite de esas medidas está en la guía sobre violencia doméstica en Honduras.
Juzgados especializados: creados por ley, aún sin funcionar
El artículo 2 del Decreto 111-2026 ordena a la Corte Suprema de Justicia crear órganos con competencia en todo el país para juzgar el femicidio, sus delitos conexos y otras formas de violencia contra la mujer, con un plazo de 90 días hábiles para aprobar su organización. A mediados de octubre de 2026 la Corte todavía no los había puesto en marcha y el presupuesto seguía sin definirse, según informó El Heraldo. Mientras tanto, los casos siguen en los tribunales ordinarios, y los que ya estaban en juicio terminan donde empezaron.
Preguntas frecuentes sobre el femicidio en Honduras
¿El artículo 118-A sigue vigente?
No. El 118-A pertenecía al Código Penal anterior, que quedó sustituido en junio de 2020. Hoy el femicidio está en el artículo 208 del Código Penal (Decreto 130-2017), reformado en 2026. Muchas búsquedas y algunos textos jurídicos siguen citando el número antiguo, pero cualquier denuncia o escrito actual debe referirse al 208, que es el que aplican fiscales y jueces.
¿Puedo denunciar sin dar mi nombre?
Sí, para aportar información. La ATIC recibe datos sobre femicidios y homicidios por WhatsApp al 3145-0000 y por correo, sin exigir identificación. Para constituirse en parte del proceso, como acusador privado, sí hace falta identificarse. Si la situación es de peligro inmediato, lo indicado es llamar al 911 y pedir que la patrulla acuda al lugar.
¿Cuánto cuesta denunciar o ser acusador privado?
Presentar la denuncia es gratuito. Ser acusador privado exige actuar con un abogado colegiado, cuyos honorarios corren a cargo de la familia, salvo que no pueda pagarlos: en ese caso el Ministerio Público debe prestarle asistencia. Los centros de Ciudad Mujer cuentan con un módulo de atención a la violencia que puede orientar a la familia sobre los pasos siguientes.
¿Hay una pensión para los hijos de una víctima de femicidio?
A octubre de 2026 no existe una ley ni un programa estatal específico para los huérfanos por femicidio. La vía disponible es la responsabilidad civil dentro del juicio penal, que puede incluir una indemnización para los hijos, y la guarda legal de los menores por parte de un familiar, que se tramita ante el juzgado de familia.
¿Femicidio y feminicidio son lo mismo?
En el uso cotidiano, sí: la prensa y la UNAH emplean los dos términos. Pero en Honduras el nombre legal del delito es «femicidio», el que figura en el Código Penal. Es el que conviene usar en una denuncia o en un escrito ante la fiscalía, porque así queda identificado con precisión el tipo penal que se reclama.
La información de esta página es orientativa y no sustituye el consejo de un abogado ni de la fiscalía, que valoran cada caso con sus pruebas. El texto de la reforma puede consultarse en la copia del Decreto 111-2026 que publica el Tribunal Superior de Cuentas.
Otras guías sobre los derechos de las mujeres, la niñez y las personas mayores están reunidas en la sección de familia y protección, incluida la que explica la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer. Si hay menores que quedan sin cuidado, la página sobre guarda y tutela de menores explica cómo un familiar puede asumir su custodia.
