Los derechos LGBTI en Honduras descansan sobre todo en el Código Penal: negar un servicio público por orientación sexual o identidad de género se castiga con uno a tres años de prisión, y ese motivo agrava cualquier delito. En cambio, la Constitución prohíbe el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo.
El marco legal hondureño para las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales es de doble cara, y entenderlo así evita muchas confusiones. Por un lado, desde que entró en vigor el Código Penal de 2020 (Decreto 130-2017, publicado en La Gaceta 34,940), la discriminación por orientación sexual o identidad de género está tipificada como delito en varios supuestos concretos. Por otro, el reconocimiento de las parejas del mismo sexo está cerrado a nivel constitucional, y el cambio de nombre para personas trans sigue pendiente pese a una condena internacional. Esta guía separa lo que la ley protege de lo que no reconoce y explica dónde se presenta una denuncia.
Panorama: qué está reconocido y qué no
| Ámbito | Situación en Honduras | Norma o decisión |
|---|---|---|
| Discriminación en servicios públicos | Delito: prisión de 1 a 3 años, multa e inhabilitación | Código Penal, art. 211 |
| Discriminación en comercios y servicios profesionales | Delito: inhabilitación de 1 a 3 años | Código Penal, art. 212 |
| Incitación pública al odio o la violencia | Delito: prisión de 1 a 2 años y multa | Código Penal, art. 213 |
| Discriminación grave en el empleo | Delito: prisión de 1 a 2 años y multa | Código Penal, art. 295 |
| Delitos cometidos por odio | Circunstancia agravante | Código Penal, art. 32, numeral 8 |
| Matrimonio y unión de hecho | Prohibidos entre personas del mismo sexo | Constitución, art. 112; Código de Familia, art. 11 |
| Cambio de nombre por identidad de género | Ordenado por la Corte IDH; sin procedimiento publicado | Caso Vicky Hernández y otras (2021) |
La protección penal contra la discriminación
La base está en el artículo 60 de la Constitución, que declara punible toda discriminación por sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. El Código Penal lo concreta en el título dedicado a la discriminación en el ejercicio de derechos, que menciona expresamente la orientación sexual y la identidad de género junto a la religión, la etnia, la edad o la discapacidad.
- Artículo 211: el funcionario, el empleado público o el particular encargado de un servicio público que niega a alguien una prestación a la que tiene derecho por esas razones enfrenta prisión de uno a tres años, multa de cien a doscientos días e inhabilitación especial para el cargo de uno a tres años.
- Artículo 212: quien, en una actividad profesional, mercantil o empresarial, niega una prestación por los mismos motivos se expone a inhabilitación de uno a tres años para ejercer su profesión, oficio, industria o comercio.
- Artículo 213: castiga con prisión de uno a dos años y multa de cien a quinientos días a quien incita públicamente a la discriminación o a la violencia contra un grupo, o lesiona su dignidad con expresiones o imágenes humillantes.
- Artículo 295: sanciona la discriminación grave en el empleo, público o privado, con prisión de uno a dos años y multa de cien a doscientos días.
El artículo 32, numeral 8, añade una agravante general: cometer cualquier delito por motivos relativos a la orientación sexual o la identidad de género de la víctima. En una agresión o un homicidio motivados por odio, el juez debe tenerlo en cuenta al fijar la pena.
Ejemplo: cómo sube la pena si quien discrimina es un funcionario
El artículo 213 prevé que la pena de prisión aumente en un tercio cuando la incitación o la humillación la comete un funcionario o empleado público en ejercicio de sus funciones, y le suma inhabilitación para el cargo. El cálculo es sencillo si se pasa a meses:
- Pena base: de 12 a 24 meses.
- Mínimo agravado: 12 + 12 ÷ 3 = 16 meses.
- Máximo agravado: 24 + 24 ÷ 3 = 32 meses, es decir, dos años y ocho meses.
Supongamos que un empleado municipal de Choluteca publica desde la cuenta oficial de su oficina mensajes que llaman a expulsar a las personas trans de un mercado. Frente a un particular que publica lo mismo, el empleado público arriesga hasta ocho meses más de prisión y además puede perder el cargo.
Matrimonio igualitario: lo que dice la Constitución desde 2021
Honduras no reconoce el matrimonio ni la unión de hecho entre personas del mismo sexo. El artículo 112 de la Constitución ya lo prohibía, y en enero de 2021 el Congreso Nacional lo reformó de nuevo (Decreto 3-2021, La Gaceta 35,500 del 28 de enero de 2021) para que ese artículo solo pueda modificarse con el voto de las tres cuartas partes de los diputados y para declarar nulas las leyes posteriores que establezcan lo contrario.
El Código de Familia, en su artículo 11, va en la misma línea y no da validez en Honduras a los matrimonios o uniones de personas del mismo sexo celebrados en el extranjero. En la práctica, una pareja hondureña casada en España o en Estados Unidos no puede inscribir ese matrimonio en el RNP, y la pareja no tiene los derechos de cónyuge o compañero de hogar en materia de herencia, pensiones o alimentos. Quien quiera proteger a su pareja suele recurrir a figuras que no dependen del estado civil, como el testamento, que en Honduras se otorga con amplia libertad, o un poder notarial para decisiones administrativas.
Identidad de género y cambio de nombre: un mandato pendiente
El 26 de marzo de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Honduras por el asesinato de Vicky Hernández, mujer trans y defensora de derechos humanos asesinada en San Pedro Sula en 2009. Entre las reparaciones, la Corte ordenó al Estado crear un procedimiento para que las personas trans puedan adecuar su nombre y sus datos de identidad en documentos y registros públicos según su identidad de género autopercibida.
Ese procedimiento todavía no está publicado. Las autoridades del RNP anunciaron avances en 2022, el CONADEH volvió a exigir su cumplimiento en mayo de 2025 y, en enero de 2026, la Corte IDH dictó una segunda condena contra Honduras, en el caso de Leonela Zelaya, por detenciones arbitrarias de una mujer trans y por no investigar con diligencia su muerte. Mientras no exista la vía específica, el cambio de nombre en el RNP sigue las reglas generales del registro civil, sin un supuesto propio para la identidad de género.
Cómo denunciar un acto de discriminación
- Reunir pruebas desde el primer momento: capturas de pantalla con fecha, nombres de testigos, el recibo o la cita que se negó, grabaciones si las hay.
- Si la discriminación es un delito, presentar la denuncia ante el Ministerio Público. Cuando el responsable es un servidor público en el ejercicio del cargo, el caso corresponde a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos.
- Presentar además una queja ante el CONADEH, que puede investigar la actuación de cualquier institución pública y dar seguimiento al caso.
- Si ocurre en el trabajo, valorar también la vía laboral ante la Secretaría de Trabajo, compatible con la penal.
- Pedir copia de cada denuncia con su número de registro y guardarla.
Organizaciones como la Red Lésbica Cattrachas, que litigó el caso Vicky Hernández, ofrecen acompañamiento a víctimas. Este contenido es informativo y no sustituye el consejo de un abogado ante un caso concreto.
¿Qué pasa si…?
Un centro de salud se niega a atender a una persona trans. Negar una prestación de un servicio público por identidad de género encaja en el artículo 211. Conviene pedir por escrito el motivo de la negativa, anotar el nombre del empleado y denunciar con esos datos.
Un empleador despide a una trabajadora tras enterarse de su orientación sexual. Además de reclamar sus prestaciones, puede denunciarse como delito de discriminación laboral (art. 295). La guía sobre discriminación laboral en Honduras detalla la vía ante la Secretaría de Trabajo.
Un hotel de La Ceiba rechaza la reserva de una pareja de dos hombres. Es una denegación en una actividad empresarial (art. 212), con pena de inhabilitación para ejercer el comercio.
Preguntas frecuentes
¿Es delito ser homosexual en Honduras?
No. Las relaciones entre personas adultas del mismo sexo no están castigadas en el Código Penal. Lo que la ley sanciona es lo contrario: discriminar a alguien por su orientación sexual o identidad de género en los supuestos de los artículos 211, 212, 213 y 295, y cometer un delito por esos motivos, que agrava la pena.
¿Los insultos en redes sociales también pueden denunciarse?
Depende de su alcance. El artículo 213 del Código Penal castiga a quien incita a la discriminación o a la violencia directa y públicamente o a través de medios de difusión destinados al público, y a quien humilla a un grupo o a una persona por pertenecer a él mediante expresiones, incluidas las gráficas. Una publicación abierta que cumpla esos rasgos puede denunciarse; conviene guardar capturas con la fecha y el enlace antes de que se borre.
¿Me pueden negar el DNI por mi apariencia?
El DNI es un servicio público, y negarlo por identidad de género o expresión de género encajaría en el artículo 211 del Código Penal. Lo que hoy no es posible es que el documento refleje un nombre distinto al inscrito: el número de identidad y los datos registrales siguen siendo los de la partida de nacimiento mientras no exista el procedimiento ordenado por la Corte IDH.
¿Sirve de algo casarse en el extranjero?
En Honduras ese matrimonio no produce efectos civiles, según el artículo 11 del Código de Familia. Sí los produce en el país donde se celebró y en los que lo reconozcan, lo que puede ser relevante para residencia, seguros o herencias fuera de Honduras. Antes de dar ese paso conviene consultar a un abogado de cada país implicado.
Para una visión más amplia, consulte la guía sobre derechos humanos en Honduras y la sección de familia y protección del portal.