El plebiscito y el referendo en Honduras están regulados por el artículo 5 de la Constitución y la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana (Decreto 190-2012). Los puede pedir el 2 % de los inscritos en el Censo Nacional Electoral, 10 diputados o el Presidente en Consejo de Secretarios, y el resultado obliga si vota al menos el 51 % de quienes votaron en la última elección general.
Cada cierto tiempo un político anuncia que «se consultará al pueblo» sobre algún tema, y la conversación pública se llena de dudas: quién decide si la consulta se hace, cuántas firmas hacen falta, si el resultado es obligatorio o solo orientativo. La respuesta está en un puñado de artículos que casi nadie ha leído completos. Esta guía los recorre con el texto vigente, que no es el mismo que circula en muchas páginas: el artículo 5 se reformó en 2011 y otra vez en 2019.
Plebiscito o referendo: la diferencia está en el momento
Las dos figuras son consultas al electorado con voto directo, pero se usan en momentos distintos. El referendo llega después: se convoca para que la ciudadanía ratifique o rechace una ley o una norma constitucional que el Congreso ya aprobó. El plebiscito llega antes: pide la opinión de los ciudadanos sobre asuntos constitucionales, legislativos o administrativos sobre los cuales los poderes constituidos todavía no han tomado ninguna decisión.
| Aspecto | Referendo | Plebiscito |
|---|---|---|
| Objeto | Ratificar o rechazar una ley o norma constitucional ya aprobada | Opinar sobre un asunto aún no decidido |
| Límite temporal | No cabe sobre normas con menos de 2 años de vigencia (D190-2012, art. 8) | Solo si no hay decisión previa de los poderes del Estado |
| Votos en el Congreso para aprobar la convocatoria | 65 para leyes; 86 para materia constitucional | 65 para asuntos legislativos o administrativos; 86 para constitucionales |
| Ámbito | Nacional, regional, subregional, departamental o municipal | |
| Organiza | Consejo Nacional Electoral (CNE); controversias, Tribunal de Justicia Electoral (TJE) | |
Ese requisito de «ninguna decisión previa» no es un tecnicismo. En 2016, el Congreso Nacional rechazó un plebiscito pedido por diputados de oposición sobre la reelección presidencial: la propuesta obtuvo 70 votos a favor y 55 en contra, lejos de los 86 necesarios, y uno de los argumentos fue que sobre ese asunto ya existía una decisión.
¿Quién puede pedir un plebiscito o referendo en Honduras?
La Constitución reconoce tres vías de solicitud, y en las tres la llave la tiene el Congreso Nacional, que debe conocer la petición y decidir si convoca:
- Al menos el 2 % de los ciudadanos inscritos en el Censo Nacional Electoral, con sus firmas y datos de identidad.
- Diez diputados o más.
- El Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado.
Según la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, cuando la petición viene de la ciudadanía, el Registro Nacional de las Personas (RNP) tiene 15 días para verificar las firmas y el órgano electoral dos meses para comprobar los datos. El Congreso, por su parte, debe tratar la solicitud en un plazo de 15 días (artículo 6). Para aprobar la convocatoria necesita la mayoría simple de la totalidad de sus miembros, 65 de 128 diputados, si se trata de leyes o asuntos ordinarios, y dos tercios, 86 votos, si el tema es constitucional.
Hay además un límite de calendario: las solicitudes solo se admiten hasta seis meses antes del decreto que convoca a elecciones generales (artículo 27). Nada impide, en cambio, que la consulta se vote el mismo día que las elecciones: la ley indica que se haga preferentemente junto con las generales.
Cuándo el resultado es obligatorio
Una consulta no basta con ganarla. El artículo 5 exige dos condiciones a la vez: que participe al menos el 51 % de los ciudadanos que votaron en la última elección general, y que la opción afirmativa obtenga la mayoría de los votos válidos. Si se cumplen, el resultado es de obligatorio cumplimiento, no necesita sanción y el Ejecutivo no puede vetarlo.
Conviene fijarse en la base del 51 %. No se calcula sobre el censo completo, sino sobre quienes acudieron a las urnas en la elección anterior, una cifra menor que el total de inscritos. Si la consulta fracasa o el «no» gana, el mismo tema no puede volver a someterse a votación durante ese período de gobierno ni el siguiente.
El voto en una consulta es obligatorio, como en cualquier elección, y se celebra siempre en domingo (artículo 21 del Decreto 190-2012). La ley también prohíbe usar fondos públicos para pagar publicidad de una u otra opción en medios privados.
Ejemplo con cifras: cuántas firmas y cuántos votos harían falta
Las cifras de esta sección son supuestas, para ilustrar cómo se aplican los porcentajes; los datos reales de cada proceso los publica el CNE.
- Firmas: si el Censo Nacional Electoral tuviera 6,000,000 de inscritos, la petición ciudadana necesitaría 6,000,000 × 2 % = 120,000 firmas válidas.
- Participación: si en la última elección general hubieran votado 3,500,000 personas, la consulta sería válida con 3,500,000 × 51 % = 1,785,000 votantes.
- Resultado: con esa participación mínima, ganaría la opción con más votos válidos; si hubiera 100,000 nulos y blancos, los válidos serían 1,685,000 y harían falta 842,501 para la mayoría.
Un grupo ciudadano de Choluteca que quisiera un plebiscito solo para su municipio haría el mismo cálculo con el censo de ese municipio: con 100,000 inscritos, el 2 % serían 2,000 firmas.
Lo que no se puede consultar
Muchas guías repiten que el artículo 5 excluye ciertas materias, como la reforma del artículo 374. Esa lista existía en la redacción de 2004, pero el texto vigente, según la compilación oficial del CNE y la Constitución consolidada a 2025, no trae lista de materias excluidas. Los límites que sí rigen están en otros lugares:
- El artículo 374 de la Constitución declara irreformables los artículos 373 y 374 y los que tratan de la forma de gobierno, el territorio nacional, el período presidencial y la prohibición de reelección.
- La Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana prohíbe someter a consulta asuntos del Poder Judicial (artículo 9).
- No cabe referendo sobre normas con menos de dos años de vigencia (artículo 8).
Iniciativa ciudadana de ley: la tercera vía
La misma ley regula un mecanismo distinto que se confunde con frecuencia con el referendo: la iniciativa ciudadana de ley. Con el respaldo de 3,000 ciudadanos, que deben consignar nombre, número de identidad, domicilio, huella y firma, se puede presentar un proyecto de ley al Congreso (artículos 11 a 14). No hay votación popular: la iniciativa solo obliga al Congreso a discutir el proyecto, y diez de los promotores pueden participar en ese debate con voz pero sin voto.
Para un colectivo pequeño, la iniciativa es mucho más accesible que un plebiscito: 3,000 firmas frente a decenas de miles. La contrapartida es que el Congreso puede discutirla y archivarla.
El plebiscito municipal
Las municipalidades tienen su propia herramienta. El artículo 25, numeral 10, de la Ley de Municipalidades permite a la Corporación Municipal convocar a plebiscito sobre asuntos de suma importancia, con un resultado de cumplimiento obligatorio que debe publicarse. El reglamento exige el acuerdo de dos tercios de la Corporación, menciona temas como recursos naturales, medio ambiente, tasas u obras de gran tamaño, y pide convocar con al menos 30 días de antelación.
Los vecinos también pueden pedirlo con el 2 % del censo de la circunscripción, según el artículo 4 del Decreto 190-2012. Antes de llegar a ese punto, muchas comunidades usan el cabildo abierto, que no tiene efecto vinculante pero es más rápido de convocar.
Las consultas que se han intentado
Según la información pública disponible, hasta ahora no se ha celebrado ningún plebiscito ni referendo nacional con base en el artículo 5 reformado. Sí ha habido intentos. En 2015, el entonces presidente pidió un plebiscito para incluir la Policía Militar de Orden Público en la Constitución, coincidiendo con las elecciones de 2017; la solicitud quedó a la espera de firmas. En 2016 llegó la petición sobre reelección ya mencionada, rechazada por el Congreso.
La llamada «cuarta urna» de 2009 no fue un plebiscito regulado por esta ley, que no existía entonces: era una encuesta de opinión convocada por el Ejecutivo, que un juzgado ordenó suspender a petición del Ministerio Público. Dos años después, en 2011, se reformó la Constitución para regular estas consultas. En años más recientes se han propuesto otras consultas desde el Congreso, sin que ninguna llegara a votarse.
Preguntas frecuentes
¿Qué ley regula el plebiscito y el referendo en Honduras?
La base es el artículo 5 de la Constitución, reformado por el Decreto 275-2010 (ratificado en 2011) y después por el Decreto 200-2018, ratificado por el Decreto 2-2019, que pasó la organización al CNE y al TJE. El detalle está en la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana (Decreto 190-2012), publicada en La Gaceta el 13 de marzo de 2013, que derogó la antigua Ley Especial del Plebiscito y Referendo de 2009.
¿Puedo firmar una petición de plebiscito si no estoy en el censo?
No. El porcentaje se calcula sobre los inscritos en el Censo Nacional Electoral, y el RNP verifica cada firma con el número de identidad. Si cambió de domicilio o nunca se ha inscrito, conviene revisar su situación antes; la guía para inscribirse en el padrón electoral explica cómo hacerlo. En un plebiscito municipal, además, la firma debe corresponder a un vecino inscrito en ese municipio.
¿Un plebiscito puede hacerse el mismo día que las elecciones?
Sí, y es lo que la ley prefiere: el Decreto 190-2012 indica que las consultas se realicen preferentemente junto con las elecciones generales. Lo que sí está limitado es el momento de pedirlo: la solicitud debe presentarse hasta seis meses antes del decreto que convoca a elecciones. Después de esa fecha, el Congreso ya no la admite para ese proceso.
¿El resultado de un plebiscito es obligatorio para el Gobierno?
Solo si se cumplen las dos condiciones del artículo 5: una participación de al menos el 51 % de quienes votaron en la última elección general y la mayoría de votos válidos para la opción afirmativa. Con eso, el resultado obliga, no requiere sanción y no admite veto del Ejecutivo. Si no se alcanza la participación, la consulta no produce efectos, y el tema no puede volver a votarse en ese período ni en el siguiente.
Quién organiza las votaciones y cómo funciona el árbitro electoral se explica en la guía del Consejo Nacional Electoral. Para el papel de los partidos en estas iniciativas, vea la página sobre los partidos políticos de Honduras, y el resto de mecanismos en la sección de elecciones y participación.